"La pervivencia de la Iglesia católica en España con su poder e influencia en las máximas cotas tras dos mil años de trayectoria, es decir, de resistencia al progreso, oposición a las libertades individuales y colectivas, intolerancia y represión de la heterodoxia, persecución del humanismo y del librepensamiento y alianza con el poder autoritario y sus aparatos coercitivos, bien podría ser esgrimido por los más aplicados teólogos como prueba irrefutable de la existencia de Dios. A nuestro juicio, no es imaginable mayor milagro. Manipulado juicio, como bien muestra el trabajo que proponemos, se ha dicho que el anticlericalismo español es hijo de la Ilustración, cuando solo parece honesto admitir que lo es del Conocimiento. Protegidos por las santas tinieblas, la ignorancia de sus acólitos ha sido la gran baza de los papistas y sigue siendo previsible que cualquier luz arrojada sobre ellas alerte al colectivo como obra de diablo. El anticlericalismo es una realidad profundamente española que ha marcado la literatura correspondiente de todas las épocas, como en este punto de nuestro discurso resultará fácil de admitir. Fuera, pues, el tópico de cuestión, sirva aún esta nueva pregunta: ¿Cambiará el orden de las cosas con la superación efectiva de los milenios bárbaros?
Pues bien, rendido casi el año de estreno del nuevo, los signos no resultan esperanzadores. Corren los primeros días del otoño de 2001 y el inicio del curso laboral aporta datos para el desasosiego. Para escándalo, incluso, de algún conspicuo miembro del Partido Popular, cual es el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y contraviniendo, a más de la propia Carta Magna, una sentencia del Tribunal Constitucional redactada en 1985 por Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996, los obispos vuelven a despedir en España a profesores de Religión por motivos como casarse por lo civil, ir de copas o faltar a la misa dominical. Justifican el nepotismo en los acuerdos Estado-Santa Sede de 1979 y en el convenio económico-laboral de 1999 entre el Gobierno del PP y el episcopado, que mantuvo a aquél como empleador y pagador de los enseñantes. En un país en que la asignatura lo es en realidad de Catolicismo, los profesores correspondientes son elegidos por los prelados, aunque los pagan los ciudadanos. Curiosa situación que ha llevado al escritor y periodista Eduardo Haro Tecglen a hablar del «Estado talibánico». Por supuesto, la directiva europea prohibe cualquier discriminación directa o indirecta en el empleo por motivos religiosos, y el sindicato Comisiones Obreras anuncia su intención de recurrir a Bruselas para forzar la revisión de una legislación que licencia a los purpurados para actuar a su antojo y con ignorancia de derechos elementales.
Como demuestra la reciente visita al Vaticano del ministro de Exteriores de José María Aznar, el actual Ejecutivo español no tiene ninguna intención de revisarlos. Sin que quepa exculpar al PSOE tras 13 años en el Gobierno de la nación, sino al contrario, del actual estado de cosas, el PP es claramente complaciente con la situación de virtual secuestro de la enseñanza ejercida en España por la Iglesia católica. Según Juan G. Bedoya (El País, 19 de septiembre de 2001), solo para sueldos de los 33.400 profesores de Religión (15.600 en colegios públicos) gasta el Estado unos 100.000 millones al año, mientras se concede a la institución 420.000, más del 85 por 100 de la subvención estatal a la enseñanza privada concertada. Eso se traduce en 1,5 millones de alumnos y unos 80.000 profesores en todos los niveles académicos, incluidas 7 universidades (la de los jesuítas de Deusto, la del Opus Dei de Navarra, la de San Pablo-CEU de Madrid de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, las pontificias de Comillas y Salamanca, y las católicas de Murcia y Ávila), 15 facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores. Con el gobierno del PP la enseñanza concertada con organizaciones religiosas ha ido a más. Mientras los socialistas intentaron con la LODE estabilizar la enseñanza pública y privada concertada en torno al 65 por 100 y 35 por 100, con la derecha en el poder autonomías como las de Madrid y Cataluña caminan hoy hacia índices del 50 por 100 respectivos. Para colmo, los sindicatos denuncian que el grueso de la enseñanza concertada se radica en zonas de prosperidad.
Por supuesto, el titular de la cartera de Exteriores de Aznar tampoco consideró necesaria la revisión del acuerdo económico del 79 entre el Estado español y la Santa Sede. Según Bedoya, las administraciones central, autonómica y municipal dan cada año a la Iglesia católica 586.000 millones de pesetas. De ellos solo unos 22.000 proceden de los Presupuestos Generales, de los que apenas 15.000 corresponden a la asignación tributaria de fieles mediante el 0,5239 por 100 de la cuota en la declaración del IRPF. Sirven estos para pagar los sueldos de los obispos y de los 19.000 curas parroquiales y los gastos de la Conferencia Episcopal. El capítulo fiscal tiene además una importancia fundamental. El clero no declara a Hacienda sus sueldos y la Iglesia esta exenta del pago de IVA, Impuestos de Bienes Inmuebles, transmisiones, sociedades o actos jurídicos que le supone un ahorro de decenas de miles de millones. De estas exenciones no se benefician otras religiones con estatutos especiales por «notorio arraigo» (protestantismo, judaismo o islamismo). ¿Es esto constitucional? La Comisión Europea ha advenido, cuanto menos, que vulnera la norma comunitaria.
Los obispos afrentan además la sensibilidad de una buena parte de los españoles (muy mayoritaria a juzgar por su comportamiento en la declaración del IRPF, quizá mejor índice que las propias encuestas sobre practicantes de culto). Recientemente la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa ha denunciado que los purpurados exigen el impuesto revolucionario (parte de sus salarios) a los contratados, entre el 0,6 y el 10 por 100 según las diócesis. Por presiones del colectivo gay que lo consideraba homófobo, la editorial Anaya se ha visto obligada a retirar de las librerías un texto de Religión de 4.° de ESO donde se escribía que «la Biblia contempla la homosexualidad como parte de la historia del pecado y de la alienación creciente» y que San Pablo la reprueba como resultado «de una cultura pervertida». La reacción de los prelados contra la comercialización de la llamada píldora del día siguiente es otro hito cercano. Poco importa que en España se produzcan cada año dieciocho mil embarazos en menores de 19 años, aborto equivale a asesinato.
Sociedad de valores o chiringuito financiero, el asunto Gescartera enseña otro lado oscuro de la Iglesia católica española, que pudiera haber manejado dinero negro en operaciones financieras especulativas. Entre cuatro arzobispados y 20 instituciones religiosas habrían perdido 1.500 millones (pagados por todos los ciudadanos, claro), al margen de los 1.000 salvados por información privilegiada por el arzobispado de Valladolid y otra suma indeterminada por el de Burgos. Uno de los altos directivos de la entidad fue antes contable del Domund. Curiosamente, según se ha sabido tras estallar el escándalo, los obispos crearon en 1999 su propia sociedad de inversión en Bolsa, Umasges Simcav, con el 100 por 100 de capital eclesiástico y un consejo de administración participado por todos los arzobispados. Los medios de comunicación han hablado de los brokers de Dios. No es una mala metáfora.
Pero para que sus acciones tengan mayores dividendos en todos los campos, los prelados mantienen su presión al gobierno del PP para conseguir un retoque al alza del coeficiente de asignación tributaria a la Iglesia en el IRPF y un decreto de obligatoriedad de la enseñanza católica en las escuelas. Quieren que se anule el de 1994 en el que los socialistas sustituyeron la Ética como alternativa de la Religión por actividades culturales y lúdicas de libre opción que suponen, a su juicio, «competencia desleal». Como mal menor, escogen la asignatura que en su día denostaron.
Lo quieren en nombre de Dios, aunque (se supone que en nombre de El Mismo) no han tenido empacho en desmarcarse del Pacto Antiterrorista acordado recientemente por PP y PSOE, que nadie les pidió en realidad que firmaran, un logro post mortem del obispo dimisionario de San Sebastián, Seden. Pero la apelación a la independencia entre política y credo que acostumbra a hacer en cuestiones de su interés la Iglesia católica es cuanto menos cínica (ya sabemos que la Historia, esto es, el Conocimiento, ilumina las tinieblas). Para aquel funesto prelado, la desaparición de ETA exigía contrapartidas del Estado y el derecho de las víctimas tenía su correspondiente en el de los presos asesinos. Se ha acusado justamente a la Conferencia Episcopal de tibieza ante la banda. Ninguno de sus documentos entre 1965-2000 la menciona, aunque en algunos haya condenas genéricas del terrorismo. En uno, incluso, se llegó a equiparar a este con otros «atentados contra la vida» como el aborto, la eutanasia o las drogas. La imposición del clero vasco, parte del cual ha manifestado abiertamente sus simpatías por ETA sin condenar sus actos cruentos ni hacer nada por sus víctimas, ha sido vergonzosa, como de algún modo reconoció en su día el nuevo obispo de Bilbao, «un tal Blázquez» no vasco) para Arzallus, presidente del PNV. Alguna vez tendrá que explicar la Iglesia por que no ha distinguido en asunto tan complejo entre el bien y el mal entre la vida y el asesinato, entre el fanatismo y los derechos fundamentales de a persona. No le librará de ello los indicios de cambio que se aprecian desde la sustitución de Setién por Uñarte en San Sebastián, tímidas iniciativas a favor de la paz en ciertas esferas clericales de Euskadi que han provocado el lamento de ETA.
Antes de acabar, recordemos una vez más el artículo 16.3 de la Constitución: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Con alusión tan explícita no se puede decir que la Constitución española sea aconfesional o neutral en lo religioso. Pese a todo, según el Tribunal Constitucional, la Carta Magna define al Estado como laico, lo que implicaría su neutralidad religiosa. La cooperación con las iglesias solo sería admisible para hacer respetar la libertad al respecto (ciudadanos en situación de dificultad para ejercerla: en ejército, hospitales o prisiones). Sin ella, la Iglesia católica dejaría de ser una potencia económica, cultural, educativa y patrimo nial. Lo es hoy por hoy, la mayor al margen del propio Estado. Quizá por ello e actual presidente del Gobierno español, José María Aznar, inicia cada año el curso político con una visita al monasterio de Silos. Todo un símbolo de la pervivencia de la alianza trono-altar".
J. Figuero, Si los curas y frailes supieran... Espasa, Madrid, 2001, pp. 361-364
Escrito por MUTANDIS a las 16 de Enero 2005 a las 01:20 PM