En un texto reciente, comentaba yo las palabras del Cardenal Alfonso López Trujillo acerca de la presunta superioridad de la familia respecto al Estado (ABC, 16.12.2004). Publiqué este texto, entre otros sitios, en la web de El Mundo, infestada de votantes confesos del Partido Popular. Y cuál sería mi sorpresa al constatar que, no sólo coincidían plenamente con el Cardenal, sino que consideraban que cualquier individuo es superior al Estado.
Coinciden estas graves afirmaciones con una declaración de Jaume Matas, presidente del Gobierno de las Islas Balares, en las que cifraba el supuesto éxito económico de su Comunidad en la siguiente receta: Todo privado (El Mundo, edición impresa, 27 de diciembre de 2004).
Comoquiera que ambas declaraciones coinciden en una misma tesis el desprecio hacia lo Público y su cristalización jurídica: el Estado moderno, creo que puedo permitirme desarrollar la siguiente hipótesis conceptual: lejos de hacer suyos los principios constitucionales vigentes en España, la derecha (electoral y eclesiástica, nunca como ahora tan coincidentes) está desarrollando una peligrosa deriva antidemocrática que, de seguir por ese camino, puede desembocar en posiciones abiertamente autoritarias.
Voy a tratar de argumentar esta afirmación.
1. España es un Estado.
Las primeras palabras del artículo 1 de la Constitución Española (CE) son: España se constituye en un Estado, etcétera. Es decir: los españoles decidimos aprobar una Carta Magna en la que se instituye, como modelo político, el estatal.
¿Qué significa esto? Ante todo, inscribirse en la tradición política moderna, cuyo origen se encuentra en la Ilustración, según la cual la voluntad popular cuaja y se traduce en acciones concretas de gobierno legítimo a través de una serie de instituciones representativas. Sé que parafraseo una evidencia que cualquier español conoce. Pero me parece especialmente importante traer ahora a la palestra esta definición. Sobre todo cuando, en el periódico ABC, apareció hace unos días un artículo, firmado por Narciso Juanola, en el que se arremetía con violencia contra el padre de la Ilustración política y su discurso acerca de la igualdad entre todas las personas (Balmes contra Rousseau, 16.12.2004).
En el mismo sitio, monseñor Michel Schooyans (catedrático emérito de la Universidad Católica de Lovaina) publicó un texto donde, con el título de Dios, fundamento de la política, realizaba una encendida apología de la teocracia con las siguientes palabras: Ni el gobernante ni el pueblo tienen fundamento para erigirse como instancia última del poder [ ] El ateísmo y el agnosticismo engendran automáticamente en política una nueva forma de idolataría consagrada al culto de la sociedad civil [ ] La verdad es entonces acomodada a los decretos que brotan de la voluntad de los más fuertes. Es el triunfo de la ideología, de la mentira y, al cabo, de la violencia (Alfa y Omega, ABC, 16.12.2004).
Si el artículo 2 la CE consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, para sustraer al Estado cualquier sombra de legitimidad es preciso atacar su base: la raigamenbre democrática del poder que representa, el hecho de coagular el querer de sus ciudadanos. Para el clero católico, para la derecha en general, el Estado es una forma de coerción impuesta por los fuertes (en número, claro), una idolatría basada en la la mentira y la violencia. A él, se le opondrían las bondades de la teocracia premoderna, donde la legitimidad no emanaría de abajo a arriba (inmanencia), sino de arriba a abajo (trascendencia): por ello los papas y emperadores lo serían por la gracia de Dios, y el Pueblo se vería confinado al mero papel de asentimiento (así sea, si así lo quiere Dios).
Contra este concepto dogmático y medieval del poder se yergue justamente la Modernidad. Inspirada en la soberanía e independencia de la Razón como único instrumento de conocimiento de la Verdad (en abierta oposición a la Inspiración teologal), la Modernidad deposita en el individuo la capacidad de decidir por sí mismo, y al Pueblo como conjunto de los ciudadanos el poder de estipular dialógicamente cuál ha de ser el mejor modo de gobernar la cosa pública, el bien común, el interés general. El Estado moderno no es más que la plasmación objetiva de un espacio compartido por todos, así como el compromiso tácito de que la política debe ejercerse en aras del bienestar de todos (y no sólo de la mayoría).
2. España es un Estado social.
Continúa el artículo 1 de la CE (si no se aprende el abecedario, no se llegará nunca a leer): España se constituye un Estado social. Aquí el énfasis se centra en la palabra sociedad, esa sociedad civil denostada por monseñor Schooyans pero que constituye el único horizonte político posible para el constitucionalismo moderno.
En primer lugar, cabría atajar cualquier intento de oponer la sociedad al Estado. Dado que se trata de una institución representativa, el Estado no se puede oponer a los ciudadanos porque él mismo es encarnación del Pueblo. Contra la visión (sesgada) de un Estado identificado exclusivamente con la burocracia, es preciso afirmar con claridad y convicción que no es posible antagonismo ninguno entre el Pueblo y la voluntad popular cristalizada en la institución estatal. Sólo desde el anarquismo y la ultraderecha católica (ésta, en nombre de Dios; aquél, del individuo tomado en su estricta e irreductible singularidad) puede defenderse la escisión entre el Estado y la sociedad.
Sin embargo, desde la derecha política es frecuente escuchar supuestos argumentos en torno a la falta de legitimidad del Estado: el todo privado del Presidente Matas sería la traducción más sangrante de este recelo, puesto que son palabras pronunciadas ¡por un representante político elegido democráticamente en las urnas! La pregunta que uno se formula es la siguiente: ¿puede el lobo ser elegido para velar por los intereses de las ovejas? Un escéptico respecto al propio ejercicio de la acción política, ¿a quién representa? ¿A aquellos que le votan? Y aún más, ¿cuál es el interés último que impulsa a presentarse a las elecciones a un descreído antiestatal y, cabe suponer, antidemocrático?
Tengo mi propia hipótesis, avalada por la praxis de la derecha cuando llega al poder. Dado que se le niega toda legitimidad al Estado, es preciso ocupar los puestos de decisión para combatirlo desde dentro, impulsando políticas antipopulares: desamortización de la sanidad y de la educación públicas, aprobación de políticas fiscales poco equitativas, utilización interesada de recursos estatales para financiar proyectos estrictamente privados. Para camuflar este uso estaticida del poder, la derecha espolea a cambio otras instancias que capitalicen la atención pública (el patriotismo es su arma predilecta: reivindicaciones territoriales, guerras de expansión, exaltación de símbolos e iconos dudosamente representativos) y pueda traducirse en votos. Paradójicamente, el espacio común deja entonces de estar ocupado por lo que se comparte materialmente para verse desplazado por lo que une sólo de manera artificial: la derecha lograría así vaciar de contenido político el debate público para expulsarlo hacia la pura especulación conceptuosa.
El gobierno de Bush y sus neocons constituye el ejemplo más extremo de esta dinamitación del Estado desde dentro: el terrorismo fundamentalista ha supuesto el corolario que necesitaba la ultraderecha norteamericana para ocultar su antiestatalismo mediante el aval estrafalario de su patriotería.
3. España es un Estado social y democrático de Derecho.
Dado que el Estado moderno encarna la voluntad popular, únicamente una democracia basada en el sufragio universal puede dar satisfacción a este imperativo sustancial de nuestro constitucionalismo (artículo 23.1). Mediante el voto personal, libre y secreto, los ciudadanos expresan su voluntad de intervenir en la cosa pública, de manera que el resultado emanado de las urnas compromete al partido vencedor a gobernar pensando, no en sus electores, sino en el bien común. Cuando un partido usa y abusa de la autoridad que le ha sido delegada (no por Dios, sino por los ciudadanos) únicamente en beneficio de una parte de la sociedad, puede hablarse de desvío de poder y perversión del ejercicio del mandato político. Fenómeno que, por desgracia para todos, hemos podido observar durante los años de gobierno del Partido Popular.
La sostenibilidad de un Estado social y democrático sólo es posible si éste se dota de un corpus de leyes elaboradas y aprobadas por instituciones representativas. El imperio de la Ley consagrado por el constitucionalismo reconoce la igualdad entre todas las personas y garantiza su integridad y seguridad en un marco estipulado por todos.
Frente a ello, los enemigos del Estado reivindicarían una autorregulación del sistema de pura estirpe darwinista: según esta tesis, cualquier intervención correctora en los intercambios sociales supondría una ingerencia intolerable. Lo cual choca con la propensión que las instituciones propias de la derecha (con la Iglesia a la cabeza) muestran a la hora de inmiscuirse en el ejercicio de la libertad individual, vía dogmas arbitrarios y legislaciones restrictivas de los derechos de la persona.
4. La derecha contra el Pueblo.
Cuando desde las filas de la derecha (política y eclesial: ambas unidas por su desprecio de la voluntad popular) se arremete contra el Estado moderno, en realidad se carga contra el Pueblo que encuentra en él la mejor forma de plasmar un proyecto de convivencia común.
En el ámbito de la Modernidad política, no es posible discernir entre Estado y sociedad: quien pone en entredicho la legitimidad de las instituciones civiles y democráticas, quien censura los principios enunciados en la Constitución Española en nombre de no sé qué instancias superiores, se coloca abierta e inequívocamente fuera del marco político del que nos hemos dotado, más allá de él (plus ultra). Digámoslo claro: los enemigos de la Constitución Española son los mismos que han tratado durante toda nuestra historia de sojuzgarnos como Pueblo y oprimir nuestra capacidad de regir nuestro propio destino, individual y colectivo: los curas y el capital, la ultraderecha pura y dura, el autoritarismo premoderno, bárbaro y medieval.
Escrito por MUTANDIS a las 26 de Diciembre 2004 a las 12:27 PM