Dos noticias recientes han venido a confirmar lo que ya sabíamos: que el cemento (léase: los constructores desalmados) se mofan de la democracia, es decir: de la legalidad vigente y de sus veladores, los Juzgados y Tribunales:
a) en Marbella se siguen construyendo a velocidad de vértigo urbanizaciones en terrenos destinados a usos sociales o protegidos por Medio Ambiente; la Junta ordena paralizar las obras y las promotoras, amparadas por un Consistorio cómplice y prevaricador, se afanan en ultimar los trabajos para que, llegado el día, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deba convalidarlas por no perjudicar a los inquilinos;
b) según un informe devastador del Instituto Geográfico Nacional, publicado en El País el pasado 27 de diciembre, las fotografías tomadas por satélite demuestran que, en España, hay miles de urbanizaciones ilegales, muchas de ellas fomentadas por Ayuntamientos ávidos de tasas e impuestos locales. Cuando desde la derecha, pues, se reclama adelgazar el poder autonómico para traspasarlo al municipal, uno sólo puede sospechar lo que se pretende en realidad: más cemento y menos legalidad.
El modelo desarrollista del Franquismo nunca ha cejado en su empeño de destruir los hábitats naturales y sustituirlos por hórridas residencias para las clases adineradas. ¿Hasta cuándo este abuso? ¿Vamos a seguir identificando crecimiento con bienestar social?
Escrito por MUTANDIS a las 29 de Diciembre 2004 a las 12:15 PM